Para conocimiento, debate y aportes
Convencidos de que el diálogo es una herramienta fundamental
para consolidar la democracia, planteamos al gobierno y al país, nuestra propuesta para enfrentar el nuevo escenario
económico internacional y nacional y superar la negativa herencia económica y
política de 23 años de continuismo neoliberal primario exportador.
En relación con
los temas materia de la convocatoria a este diálogo, como son el crecimiento
económico, la pobreza y la inseguridad, planteamos:
I.
La necesidad de una reactivación económica que priorice la inversión
tanto pública como privada, en el marco de una estrategia de diversificación
económica para el desarrollo integral con generación de empleo decente
productivo y de valor agregado, protegiendo y ampliando los derechos laborales
y fortaleciendo el cuidado del medio ambiente y nuestro patrimonio cultural.
Compartimos la
preocupación por la desaceleración económica en un escenario mundial adverso,
con un déficit comercial creciente, pérdida de empleos y recortes
presupuestales abruptos e inequitativos para las regiones y municipios. Al
respecto, en el Frente Amplio creemos que se debe enfrentar esta caída en
demanda externa con programas de diversificación productiva y reactivación del
mercado interno, mejorando el ingreso y empleo de la gente pero evitando
presiones inflacionarias adversas.
Proponemos la
implementación de programas para sectores clave descuidados por el modelo
económico primario-exportador, como la pequeña y mediana industria urbana, y el
sector rural de la agricultura familiar orientada al mercado interno y al
fortalecimiento de los mercados locales y regionales, para generar empleo y
reducir la pobreza estructural.
Algunas medidas concretas:
- Potenciar el rol de Banca de desarrollo de los bancos públicos para promover la actividad productiva, en particular para la pequeña y mediana industria como la ubicada en Gamarra y ciudades del interior, inyección de 500 millones de soles a AGROBANCO para capitalizar la agricultura familiar, especialmente en la sierra.
- Creación de Centros de Innovación tecnológica en las regiones del país, involucrado en ellos a las universidades, el sector privado y las autoridades regionales y locales.
- Implementación de un programa de vivienda popular por 500 millones de soles para los sectores más pobres de las ciudades medias y grandes.
- Creación del Consejo Económico- Social con participación del sector Público, Empresarios y Trabajadores para concretar políticas y propuestas de desarrollo en Lima y regiones.
- Derogar el aporte compulsivo de trabajadores independientes a las AFPs, así como una necesaria reforma previsional.
- Restitución plena de los derechos laborales en la ley del servicio público,
- Balancear la propuesta centralista de Presupuesto 2014 que incrementa el gasto del gobierno central pero disminuye el gasto de las regiones y municipios
- Compensación a regiones que no tienen canon y financiamiento a las regiones afectadas por su abrupta disminución
- Fortalecimiento de PETROPERU con la modernización de la refinería de Talara y recuperación de lotes, financiamiento del Gaseoducto del Sur y el desarrollo de Petroquímica.
- Fortalecer y ampliar el movimiento cooperativo
- Comprar productos a los agricultores para los programas sociales, especialmente Qali Warma.
- Implementar una institucionalidad y políticas de protección de los pueblos en aislamiento voluntario.
- Recuperar la capacidad planificadora, reguladora y promotora del desarrollo del Estado.
- En el Frente Amplio creemos que el cambio del Ministro de Economía y Fianzas facilitará las medidas que nuestra economía tanto necesita en este momento crítico.
II. La necesidad de una estrategia de seguridad
ciudadana que parta del liderazgo del Gobierno Nacional con una autentica y profunda reforma y modernización de la
policía, y que articule la labor policial con la participación de la sociedad y
los gobiernos regionales y locales, en el marco de una política global para el
adecuado combate al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y las
bandas delincuenciales, eficaz y a la vez respetuosa de los derechos humanos.
Concebimos la
seguridad ciudadana como una política pública integral, intersectorial y
participativa verdaderamente eficaz a través de la cual los hombres y las
mujeres pueda desarrollar sus actividades familiares, productivas, sociales y
desplazarse en el país sin riesgo para su vida e integridad física
construyéndose una cultura de paz que tenga como eje la educación ciudadana
para la convivencia. Ello supone, además del liderazgo del Gobierno Nacional, la
coordinación permanente entre los gobiernos locales y la policía, trabajando
por un desarrollo urbano inclusivo, el enfrentamiento del deterioro de las
ciudades, la reforma policial para la optimización y moralización de su
trabajo, la evaluación periódica de las Comisarías por la ciudadanía, la
elaboración de mapas de criminalidad que ubiquen las zonas de riesgo y las
áreas de delincuencia para desarrollar políticas de control y de prevención
buscando el descenso de la tasa de homicidios, las muertes por accidentes de
tránsito, la influencia de factores de riesgo como la venta indiscriminada de
armas, alcohol, droga, la violencia urbana e intrafamiliar, el incremento del
feminicidio y la mayor victimización de
los sectores vulnerables.
Los Comités de
Seguridad Ciudadana y las Juntas Vecinales deben trabajar con una Policía
Comunitaria que asumiendo su rol de servicio local enfrente con eficiencia la
delincuencia habitual.
Esta manera de
concebir la seguridad ciudadana nos aleja del llamado popularismo penal que con
el afán de producir impacto público y buscando legitimación conyugal propone el
incremento generalizado de la pena privativa de libertad y la anulación de os
beneficios penitenciarios sin advertir que lo más importante a desarrollar en
una política de combate a la criminalidad es el tratamiento de los infractores
primarios y de los sectores juveniles en riesgo aplicando políticas de
articulación productiva, de educación sexual y contra la adicción a la droga.
En el caso de la
criminalidad organizada sostenemos que
debe implementarse una adecuada coordinación de la policía especializada –
fortalecida en inteligencia, tecnología y capacidad operativa – y de la
autoridad penitenciaria para hacer un seguimiento eficaz de las bandas
organizadas de criminalidad, vinculadas al narcotráfico, el terrorismo, el
asalto y robo, al secuestro y la extorsión, así como la actuación de un sistema
judicial eficaz y oportuno, libre de mecanismos de corrupción. Coherente con
ello sostenemos la necesidad de la aplicación en todo el país del nuevo Código
procesal penal.
La lucha contra
el narcotráfico y el terrorismo es fundamental. Somos los primeros productores
mundiales de coca y de PBC. El tráfico de drogas es el segundo delito cometido
en el país y es evidente que el narcotráfico acarrea el incremento de la
delincuencia, corrupción, el sicariato y la inseguridad. Es necesario centrar
la actuación del Estado hacia la detección, persecución y decomiso de los
bienes que proceden del tráfico de drogas, insumos químicos y lavado de
activos. Hay que revisar la acción del Estado en el VRAEM trabajando en
procesos intensivos de reemplazo de cultivos de coca y desarrollando políticas
laborales para impedir el involucrando de mochileros “burriers” y micro
comercializadores. Es indispensable controlar los círculos de desplazamiento
del narcotráfico enfrentando los riesgos de corrupción. Hay que apoyar las
Procuradurías de Estado antidrogas y lavado de activos, así como optimizar la
Unidad de Inteligencia Financiera haciéndola un organismo autónomo y eficaz.
III. Pero también estamos
convencidos, Señor Premier, que tenemos que dar respuesta a una agenda mayor
que es tan urgente como la económica. Desde esta perspectiva, le proponemos al
gobierno que usted representa y al país, la necesidad de debatir lo siguiente:
ü La necesidad de una reforma política que enfrente la corrupción
desde la raíz, que combata la impunidad y mejore la calidad de la
representación.
Respaldamos la labor que vienen cumpliendo la Procuraduría
anticorrupción y la Mega Comisión en el Congreso. Demandamos que las
investigaciones en curso en el Ministerio Público sean llevadas a cabo
imparcial y exhaustivamente, sin reparos porque puedan involucrar a ex –
presidentes, alcaldes o congresistas. Los delitos de corrupción deben ser
imprescriptibles y acarrear la “muerte civil” de los responsables.
La reforma política inmediata que proponemos debe incluir: la
eliminación de las firmas y el reemplazo por comités para el reconocimiento de
los partidos, la obligación a las agrupaciones políticas de primarias abiertas
para la elección a candidatos, la garantía del financiamiento efectivo a los
partidos inscritos, el uso gratuito de los medios del Estado en todo momento y
de los medios privados en época electoral, la eliminación del voto
preferencial, la renovación por mitades de Congreso y la Bicameralidad, Y, como
parte de la Reforma Política y Electoral, la aprobación de leyes que promuevan
la participación y la igualdad de la mujer.
ü La necesidad de un proceso político y participativo que culmine en
la aprobación de una Nueva Constitución que exprese un acuerdo entre los
peruanos y las peruanas distinto al continuismo neoliberal. La Constitución de
1993 está viciada de origen y es nula de pleno derecho. Los puntos a cambiar
también son claros: la restitución de los derechos fundamentales integrales e
individuales: civiles, incluidos los sexuales y reproductivos, políticos,
económicos, sociales, sexuales y culturales ,
el capítulo económico para ir del sectarismo noeliberal a la pluralidad
democrática, el control efectivo de un Congreso bicameral al Poder Ejecutivo,
el regreso de las instituciones sociales eliminadas, el rediseño de la
descentralización política que nos lleve a macro regiones sustentables y la
inclusión de los derechos culturales que reconozcan las prerrogativas de los
pueblos originarios.
ü La necesidad de profundizar el proceso de descentralización político
y administrativo y el inicio de la descentralización fiscal, evitando que la
crisis caiga sobre los gobiernos regionales y locales, compensando para el 2014
los recurso asignados en la Ley del Presupuesto 2013 con especial atención a
los pequeños municipios rurales que no poseen capacidad de generar recursos
propios.
Incremento de los recursos de inversión
para las regiones, provincias y distritos en el Presupuesto General 2014 en el
marco de una política contra cíclica frente a la crisis, rechazando la
centralización de los recursos de inversión y a los recortes presupuestales
propuestos por el MEF en su propuesta 2014. Reorientar el presupuesto 2014 con
participación de los gobiernos descentralizados.
Implementación de la descentralización
fiscal sobre la base de los acuerdos ya logrados por la PCM y el MEF, con los
gobiernos regionales y locales. Esta política debe ser parte de un nuevo pacto
distributivo entre los peruanos y a las peruanas sobre la base de regalas
consensuadas y previsibles, que tome como puntos de partida (i) las
responsabilidades de gasto que tienen los gobiernos descentralizados para
cumplir con las funciones transferidas, (ii) las propuestas presentadas el 2010
por la Comisión Multisectorial a la PCM (iii) construcción progresiva de un
modelo de coparticipación tributaria a partir de la propuesta de la ANGR, iv)
la transparencia, predictibilidad y equidad en la asignación de recursos
transferidos, v) costear las funciones y servicios de cada nivel de gobierno.
Participación plena de los Gobiernos Regionales (ANGR) y Gobiernos Locales
(REMURPE y AMPE) en el diálogo para el relanzamiento de la descentralización en
un plazo de 120 días.
ü La necesidad de aprobar la
Ley General del Trabajo para que se garantice la
organización sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga,
aumentando el salario mínimo, así como el incremento a maestros, policías,
trabajadores de salud, empleados públicos y reformando la Ley del Servicio
Civil de manera tal que no se afecte los derechos de los trabajadores y se
promueva la generación de empleo digno y productivo.
Derogatoria de las leyes que crean los
regímenes especiales, vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores y
generando discriminación laboral (Textil, Agroindustrias, Trabajadoras y
Trabajadores del Hogar y Mypes). Devolución de los aportes al FONAVI.
ü La necesidad de fortalecer
inmediata y decididamente la institucionalidad estatal para los pueblos
indígenas y reformar la Ley de Consulta Previa y su Reglamento para que la opinión de los pueblos indígenas, andinos y amazónicos,
afectivamente influya en la decisión sobre los proyectos extractivos.
El gobierno debe promover el reconocimiento y la valoración de la
diversidad cultural como característica y riqueza esencial de nuestro país.
Debe luchar contra el racismo, la discriminación y la asimilación cultural
forzada. Debe construir e implementar con participación de los Pueblos
Indígenas políticas de educación y salud intercultural y ampliar su cobertura
en las comunidades indígenas.
El Gobierno debe implementar una política de reconocimiento y
titulación de territorios y de las solicitudes de ampliación con enfoque
intercultural y garantizar el derecho de propiedad de las comunidades indígenas[1].
El gobierno debe ratificar públicamente su compromiso con el
Convenio 169 OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos indígenas dicha modificación, así como a promover la implementación de
la Consulta Previa en el Poder Legislativo.
El Ministerio de Cultura debe hacer pública la Base de Datos de
Pueblos Indígenas, incluyendo a las poblaciones Amazónicas, Andinas y Costeñas
que cubran las características planteadas por el Convenio 160 OIT. Si bien esta
base de datos NO es constitutiva de derechos su publicación expresará una
voluntad de parte del Gobierno de reconocer a quienes corresponde como sujetos
de derechos a Consulta Previa, eliminando las restricciones planteadas en la
metodología de construcción de dicha Base.
El Gobierno debe promover la implementación de la Consulta Previa en
todo sus Sectores, Gobiernos Regional y Locales.
El Gobierno debe promover la adecuación al Convenio 169 OIT y demás
instrumentos internacionales de la legislación en materia de actividades
extractivas y someter a proceso de Consulta Previa a las concesiones y
proyectos extractivos que afecten Pueblos Indígenas así como a sus instrumentos
de gestión ambiental y otras autoridades que se hallen en fase inicial de
otorgamiento o pendientes de aprobación.
Deberá reconocerse la obligación del Estado de obtener el consentimiento en
aquellos casos en los que la implementación de la medida ponga en peligro la
sobrevivencia de los Pueblos Indígenas afectados.
El gobierno debe someter a proceso de Consulta Previa las medidas de
reparación, compensación e indemnización a las comunidades afectadas por
proyectos extractivos que los hubieran afectado. Cumplirá con remediar los
pasivos ambientales ocasionados por actividades extractivas en territorios de
los Pueblos Indígenas, indemnizando en aquellos casos en los que no sea posible
la reparación. Asimismo, deberá pagar las servidumbres mineras y petroleras
impagas, por disponer de los territorios de los Pueblos Indígenas y,
finalmente, deberán respetar y concretar el derecho de los Pueblos Indígenas a
beneficiarse de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
ü La necesidad de fortalecer
la institucionalidad ambiental con la adecuada
evaluación de los estudios de impacto ambiental, el respeto a los estándares
ambientales y la afirmación de la actividad evaluadora y fiscalizadora.
Proteger la Amazonia, las cabeceras de
cuenca y los páramos alto andinos, los recurso de agua, los bosques secos y el
mar peruano.
Remediación prioritaria de los pasivos
ambientales e inclusión del cambio climático como un tema central en las
políticas y planes de todos los sectores. Cero plazos a la minería informal e
ilegal que arrasan con el bosque amazónico y contaminan los ríos, cierre
inmediato de esas actividades con retiro de dragas y similares generando
alternativas de empleo para los trabajadores en esas actividades, denunciando a
los promotores de las mismas. Protección inmediata de niños niñas y
adolescentes que laboran en peores condiciones y a trata de personas en la
minería informal e ilegal.
Ratificar públicamente el compromiso el
compromiso con la conservación y el uso sostenible de nuestros recursos
naturales renovables y nuestra diversidad. Fortalecer y ampliar Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas con la participación de los Gobiernos
Regionales, Gobiernos Municipales y las Comunidades.
Aprobar una Ley de Ordenamiento
Territorial, a fin de establecer de manera consensuada y ordenada el uso y
ocupación del territorio, evitando buena parte de los conflictos
socio-ambientales que hoy existen.
ü La necesidad de una Reforma Educativa integral, democrática y
descentralizada, recuperación de la Educación Pública, Universal, Gratiuta y de
Calidad con no menos del 6% del PBI de
presupuesto.
Educación básica con jornada escolar
completa, currícula reformada y transformadora, programas de infraestructura,
alimentación y salud permanentes. Asimismo una política que reivindique a las
maestras y maestros, en sus derechos profesionales, salariales y pensionarios.
ü La necesidad de aprobar una Ley Universitaria que democratice y
promueva la calidad de la educación superior con un organismo regulador que
surja de las propias universidades y no sea impuesto por el gobierno de turno.
Autonomía Universitaria con Rendición de cuentas en universidades públicas y
privadas, para combatir la corrupción, la mediocridad y la mercantilización.
Respeto a los derechos de los estudiantes, docentes y trabajadores.
Derogatoria del DL 882 que alienta la
conversión de la Educación en negocio de la Ley 29944, mal llamada “Reforma
Magisterial”.
ü La necesidad de una Reforma del Sector Salud que garantice el
derecho a la salud integral, con calidad, seguridad y dignidad construyendo un
Sistema Nacional de Salud integrado, descentralizado, participatorio y
financiado hacia la universalización de la seguridad social en salud.
La salud de todos los peruanos será
expresión y condición de un desarrollo económico y social equitativo,
sostenible e inclusivo, cuya razón de ser es la persona humana. Para esto la
salud será considerada como una política de Estado que atienda los
determinantes sociales de la Salud y organice la respuesta social para su
atención.
La salud es un derecho humano fundamental
y el Estado es el garante del acceso universal a la atención de salud para la
población, en condiciones de calidad, seguridad y dignidad, eliminando las
barreras de acceso geográficas, económicas, de género y culturales, sin ningún
tipo de discriminación.
La salud es una política pública nacional
y compartida con los niveles de gobierno, regionales y locales. El Ministerio
de Salud es el organismo de Gobierno y Rector nacional de la política de salud
y es la Autoridad Sanitaria Nacional.
El
Perú tendrá un Sistema Nacional de Salud integrado, descentralizado,
participativo y financiado. El sistema cuenta con
la rectoría estratégica del Ministerio de Salud, su financiamiento es mixto con
recursos del tesoro público y de los aportes a la seguridad social, que se
administrarán con cuentas separadas respetando escrupulosamente la intangibilidad
de los recursos del Seguro Social en Salud (EsSALUD), se organiza
progresivamente en redes públicas mixtas (MINSA - EsSALUD) que, integradas
operativamente no estructuradamente, busquen economías de escala, mayor
eficiencia, calidad y seguridad.
El Sistema de Salud promueve la
participación del Sector Privado en las prestaciones de Salud con carácter
complemntario.
El Sistema Nacional de Salud tiene la más
amplia participación social canalizada a través del Congreso Nacional,
Congresos Regionales y Congresos Locales de Salud, así como dispone de
mecanismos vinculantes de toma de decisiones con la participación tripartita de
autoridades de salud, profesionales de salud y organizaciones de pacientes y de
la sociedad civil.
El personal de salud será revalorado,
trabajo digno para todos, se eliminarán todas las formas de precarización del
empleo, que incluye la eliminación de los contratos CAS y el nombramiento
progresivo del personal de salud contratado. El personal de salud se
distribuirá equitativamente y se garantizará su presencia en todo el territorio
nacional, con beneficios para los que trabajen en zonas de menor desarrollo y
de frontera. Se desarrollarán programas de educación permanente en salud para
todo el personal para mejorar el desempeño basado en competencias y se
implementará un régimen basado en el reconocimiento de los méritos.
La política de RRHH y de remuneraciones de los trabajadores del
sector público nacional es única y se
gestiona por la Autoridad Sanitaria Nacional.
Se mejorará y ampliará la infraestructura
y equipamiento de todos los establecimientos de salud, en base a la
categorización y necesidades de salud de la población. Se construirán nuevos
establecimientos de salud para garantizar la cobertura universal. Se dotarán
los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y permanente de los
equipos de salud. Se promoverán la acreditación de los establecimientos
públicos y privados de salud.
Se garantizará acceso universal a los
medicamentos genéricos de calidad. La política de medicamentos asegurará la
disponibilidad, el abastecimiento, la comercialización y la utilización
racional de medicamentos. Control de calidad de medicamentos, regulación del
mercado farmacéutico colocando a la salud pública por encima de los intereses
comerciales. Revisión y renegociación de los TLC en lo que pudiera limitar el
acceso universal a medicamentos.
Nuestra propuesta es, fortalecer la
atención primaria en salud, como puerta de ingreso al sistema sanitario,
promoviendo la equidad en el acceso con calidad, mejorando las condiciones de
salud de la población. Sobre la organización de redes integradas de salud, se
reconoce que existe discordancia entre la categorización de los
establecimientos de salud y la capacidad resolutiva, pero esto es consecuencia
de un desconocimiento de la realidad del país y del funcionamiento del sistema
de redes, pues no es lo mismo un establecimiento I-4 que funcione en Lima, con
un establecimiento de similar nivel que funciones en el área rural.
ü La necesidad de continuar
con las reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno
Aprobar el “Plan Nacional de
Investigaciones Antropológico Forense para la búsqueda, recuperación e
identificación de personas desaparecidas en contextos de graves violaciones a los
derechos humanos en el Perú durante los años 1980 a 2000”. (Hay 15,000
desaparecidos y más de 5,000 sitios de entierro identificados en 10 años solo
se han exhumado 2,500).
Implementar una oficina destinada a
proveer de defensa legal y asesoría jurídica gratuitas a las víctimas de
derechos humanos y sus familiares, en el marco de las investigaciones fiscales
o judiciales. (Desde septiembre del 2006, García!, militares y policías tienen
defensa pagada por el estado, miles de víctimas, no).
Modificar el Decreto Supremo
N°051-2011-PCM, de conformidad con la propuesta presentada por el CMAN de
noviembre de 2011, a fin de respetar el carácter inclusivo y permanente del
Registro Único de Victimas (RUV), y homologar el monto de indemnización al
recibido por los integrantes de los Comités de Autodefensa Víctimas de
Terrorismo.
Aprobar la Ley para que el derecho de las
víctimas a toda forma de violencia
sexual se reconozca.
Aprobar un fondo Nacional de Reparaciones
y/o en su defecto dar un presupuesto adecuado que permita la correcta
implementación del PIR y sus 7 programas (Presupuesto 2012: 140 millones, 2013:
sólo 40 millones).
ü Necesidad de un debate
nacional sobre el papel de los medios de comunicación en La necesidad de
aprobar la equidad de género y los derechos sexuales y derechos reproductivos y
la diversidad sexual.
Recordemos que somos el país que “lidera”
la tasa de violaciones a mujeres, 40% de mujeres ha sido víctima de violencia
física o sexual por parte de su pareja, que hubo por lo menos 60 feminicidios
en lo que va del 2013 (5 de agosto) y que seguimos ganando 20% menos que los
hombres a igual responsabilidad laboral.
Asimismo, seguimos teniendo las peores
tazas de mortalidad materna y embarazo adolescente y, sin embargo, no se
cumple, hasta ahora, con aprobar el protocolo de aborto terapéutico.
Estas son algunas de las razones del
porque estamos entre los tres países con mayor tasa de
feminicidios y somos el país con mayor tasa de denuncias por violación sexual
en toda Sudamérica.
Por otro lado, el MEF no cumple con el
mandato de contar y valuar con indicadores de género los programas
presupuestales, ni de reglamentar la Ley para contabilizar el trabajo
doméstico.
Teniendo todo ello, proponemos 5 medidas
urgentes para atacar de raíz el patriarcado machismo, la desigualdad, la
discriminación y violencia contra las mujeres:
1.
Aprobación del Plan Nacional de
Derechos Humanos con pleno reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos y los derechos LGTBI
2.
Aprobación del protocolo
nacional de atención al aborto terapéutico y despenalización del aborto hasta
las doce semanas…
3.
Mayor inversión y
especialización en el magisterio para garantizar una política de educación
sexual que erradique el machismo desde la infancia.
4.
Ratificación del Convenio OIT
189 sobre trabajo doméstico, y otros Convenios similares.
5.
Reparaciones integrales para
las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado interno y las
víctimas de las esterilizaciones forzadas.
El Frente Amplio hace suyas las demandas del movimiento de la
diversidad sexual. El Gobierno debe garantizar plena igualdad mediante (1) un
plan nacional contra la homofobia, (2) la penalización de los crímenes de odio
hacia LTGBI, (3) una ley de identidad de género que reconozca la identidad de
las personas trans y (4) el reconocimiento igualitario entre personas del mismo
sexo.
ü La necesidad de ratificar
una política exterior que defienda nuestra integridad territorial y soberanía,
y profundice la integración regional.
Apoyo a la reivindicación peruana en la
Corte Internacional de Justicia de la Haya en el contencioso marítimo con la
vecina república de Chile.
Ratificar la voluntad integracionista del
Perú respetando la pluralidad de los proyectos en marcha, para avanzar en la
unidad sudamericana concretando la convergencia de la CAN y el MERCOSUR como la
mejor forma de construir la UNASUR. Nuestro apoyo a la declaración de
Paramaribo, y en particular su decisión de reforzar la Secretaría General a fin
de dotar a la UNASUR de una visión estratégica y garantizar una gestión
efectiva de la marcha del proceso de integración que garantice resultados
concretos a todos los ciudadanos sudamericanos. Asimismo la declaración de
UNASUR sobre el caso Siria que plantea
el respeto al derecho internacional y una solución pacífica.
Solicitamos una franca y abierta discusión
sobre el rol de la Alianza del Pacífico en el proceso de integración regional y
exigimos que las negociaciones del TPP sean públicas, participativas y
transparentes.
ü La necesidad de un debate nacional sobre el papel de los medios de
comunicación en el proceso de consolidación de la democracia y la defensa de la
libertad de expresión e información.
