CONGA: SEGUNDA FASE

1.     Con el jalón de orejas a Roque Benavides, el presidente Humala busca deshacerse de la imagen pro empresa en el conflicto Conga; y al declarar que está dispuesto al diálogo con todos- incluido Santos, se entiende- intenta cubrir la posición del centro en la polarización. Además, negarse a conversar con Santos ocultaría un interés impropio de un presidente. Sin embargo, está claro que el objetivo de este movimiento táctico, continúa siendo que Conga vaya pero sin  un alto costo social; es decir, asumir el conflicto como uno de “baja intensidad”, de mayor duración y con un claro objetivo de aislar a los que protestan, y particularmente a sus dirigentes. Es decir, conseguir debilitar cada vez más a la protesta, y si hay represión esta sería selectiva y aceptada como inevitable por las mayorías. Ruegan que Santos cometa un error grave para sacarlo del gobierno regional.

2.       Para los de la empresa, la situación todavía sigue siendo incierta y de apuesta con límites. Deben de haber sentido que el EIA primigenio, como en tantos otros casos, era a su favor e inamovible, y de pronto se les exigió cuadriplicar los volúmenes de agua, respetar las lagunas Chica y Azul, diez mil puestos de trabajo, fondo social y, algo no suficientemente resaltado, la postergación en dos años del inicio de las operaciones a tajo abierto. No es que “se les puso de rodillas” como alguien alguna vez prometió, pero sí deben de haber sentido, como nunca antes,  que se les imponían requisitos por fuera de un EIA (de ahí la pataleta de Benavides). Y que se vieron obligados a aceptar, porque también percibían  que en caso contrario la protesta y la violencia se desbordarían impidiendo que Conga nunca vaya. En otras palabras, sin la protesta el gobierno no habría podido imponer, ni la empresa aceptar, estas últimas exigencias.

3.       De otro lado, los dirigentes de la protesta  han tomado conciencia que la  ligazón entre “Conga no va” con el “diálogo tampoco va” los estaba llevando al despeñadero. Y han sabido corregir el error. Es por eso que ya no hablan de huelga general indefinida sino de “movilización permanente y pacífica” (¿y la huelga de hambre?). Táctica más realista y acorde con la búsqueda del diálogo o exposición entre las partes, o como quiera llamársele, pero que inaugure la discusión, pero ¡ojo! paso a paso y acompañada de consultas a los pueblos y sectores concernidos. La protesta y la consulta ya deber ir juntas. Por ejemplo ¿por qué oponerse a la construcción de los reservorios? sin haber realizado una consulta previa. Si se califica como “provocación” el inicio de la construcción ¿por qué caer en ella? En cambio, los maximalistas plantean que permitir esto es aceptar la derrota de la lucha; el extremismo, como siempre, cobijado bajo el discurso polarizante del todo o nada, se niega aplicar  una táctica realista que obliga aceptar compromisos parciales para  impedir que la protesta sea aislada de las mayorías. Siempre hay que saber respetar los límites que impone la correlación de fuerzas en toda lucha por justa que sea.

4.       En realidad, el resultado de la política se mide por la lógica y el carácter de los compromisos alcanzados. La guerra, por el contrario, por el aniquilamiento o rendición del enemigo. Y Conga es un problema político.

Articulo de Carlos Tapia en "La Primera"

LA MAFIA DE "LA PARADA" Y DEL "CAPITALISMO COMBI"

Algo tonificante debe de estar ocurriendo en la ciudad de Lima para que el diario “Correo”, el principal medio de la DBA (la Derecha Bruta y Achorada) se convierte hoy domingo 31 de junio en el principal vocero del paro de los transportistas contra la reforma del transporte.   Ahora solo falta que, Aldo Mariategui, editorialice a favor de los comerciantes de “La Parada” que se oponen al funcionamiento del Gran Mercado Santa Anita, una acción que ninguno de los últimos 4 alcaldes anteriores se atrevió a realizar.   “Paro contra las multas” dice el diario Correo tratando se desinformar a la opinión pública.

La extremada informalidad del transporte público de Lima y del funcionamiento de “La Parada” son dos emblemáticos casos del atraso de la ciudad y de actividades socio económicas que lindan con una economía delictiva. Son en realidad poderes fácticos que impiden la modernización de la ciudad, el funcionamiento de economías de escala en ambas actividades, pero que lamentablemente comprometen a miles de migrantes y sectores pobres pero que contribuyen a un perverso enriquecimiento ilícito de un grupo de empresarios que practicaron la cultura de “Pepe el Vivo” con el consentimiento del Estado y del poder económico.

Hace pocos días pude tener acceso a una investigación del caso “La Parada”. Esta investigación muestra con lujo de detalles como detrás de la predica de los dirigentes de ese decadente centro mayorista de abastos que pregona los supuestos precios altos de concesión de los futuros puesto en el Mercado Santa Anita, el uso de Javas para el transporte o los espacios inadecuados espacios y hasta la supuesta falta de baños públicos, se esconde en realidad una verdadera mafia construida por más de 40 años y que favorece a un sector de comerciantes con mucho dinero.

¿Cómo funciona esta mafia y cuáles son sus códigos informales propios de una economía delictiva?

-   Por lo menos un 60 % de los 740 comerciantes que tienen la concesión de los puestos de La Parada, le pagan a la empresa municipal que administra La Parada solo 150 soles mensuales pero estos sub contratan estos puestos entre 2,500 soles hasta 12,000 soles mensuales a otros comerciantes con una extraordinaria ganancia que durante más de 30 años les ha dado un alto dividendo.  Esto explica porque ahora esos comerciantes no quieran trasladarse al Mercado Santa Anita, porque perderían están ganancias y por una tarifa que tendrían que pagarle a EMMSA para el mantenimiento moderno y la seguridad de ese Mercado Mayorista.

-  El Sindicato de Estibadores domina la actividad de la carga, descarga y traslado de mercancías para lo cual cobra entre 3 y 5 soles a un promedio de 1,500 personas que se dedican a esta actividad. Los dirigentes nunca informan sobre el destino diario de esos recursos.  Este es el segundo sector que se opone al funcionamiento del Mercado Santa Anita y al uso de Javas porque sabe que las reglas de juego cambiarán radicalmente en el nuevo mercado y ya no tendrán estos ingresos ilícitos.

-   Alrededor de La Parada trabajan indistintamente unos 3,000 ambulantes dedicados a diversas actividades pero que tienen nexos económicos y familiares con los arrendatarios de puestos al interior de La Parada. Este sector ha realizado un pacto con los delincuentes que antes asaltaban a diestra y siniestra en ese sector a los vecinos que se acercaban a comprar. Los comerciantes informales y los propietarios de camiones - que tardan hasta tres horas en descargar sus productos - le tienen que pagar a cada uno de estos asaltantes entre 3 y 5 soles diarios para aceptar una tregua a los asaltos y crear así una aparente seguridad en el entorno de La Parada. Cuando ese pacto se rompe entonces los delincuentes vuelen a sus andanzas.

-   Alrededor de La Parada funciona una red de restaurantes, hostales y prostitución que completa una actividad que compromete a miles de jóvenes, mujeres y comerciantes acostumbrados a un denigrante modo de vida que ahora se resisten en dejar.

-  La dirigencia de La Parada controla el sistema de balanzas, pesas, medidas y la relación con los intermediarios que traen las mercancías de las zonas agrícolas del país en un sistema negro de transacciones al margen de la SUNAT donde la municipalidad, el consumidor no tiene nada que ver a fin de mejorar la calidad y el precio de los productos que compra.

Cuando uno se entera y percibe este “modus operandi”, recién puede entender porque los miles de comerciantes y estibadores de La Parada se oponen a cambiar un reducido espacio de 9,000 metros por otro de 60,000 metros y donde las principales transacciones se realizaran a través de tarjetas virtuales y en bancos que funcionaran al interior del Mercado Santa Anita.  En los 9,000 metros cuadrados que dejará La Parada funcionará un Gran Parque Ecológico, un pulmón que necesita el distrito de La Victoria y alrededores. El principal centro comercial beneficiario con este cambio será Gamarra y sus alrededores.     

Toda la ciudad, el Gobierno Nacional, la Policía Nacional y los medios de comunicación deberíamos apoyan la mudanza de La Parada al Mercado Santa Anita. No solo será un triunfo de la gestión de la Susana Villarán sino de todos los vecinos de Lima.

Este es un gran desafío para la capacidad de gerencia eficiente y estrategia comunicacional de la gestión de Fuerza Social. Ahí se verá cuanto ha ganado en experiencia, rapidez y autoridad su gestión.

Ya veremos.

Neptali Carpio

REVOCATORIAS EN LIMA-CALLAO…EJEMPLOS DE CIVISMO

PRONUNCIAMIENTO

La revocatoria es un mecanismo de control que permite al ciudadano poner fin al mandato de autoridades municipales y regionales por incapacidad o por corrupción, este derecho ciudadano se promueve en el segundo y tercer año de gestión. 


ANTECEDENTES
Las revocatorias han sido comunes en el interior, pero es la primera vez que ocurre masivamente en Lima-Callao; ello gracias a las acciones cívicas y la difusión de las exitosas vacancias en Olivos, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y Carabayllo; promovidas por Iniciativa Ciudadana y colectivos de los distritos de Lima-Callao.


BALANCE DE LA 1° ETAPA
El 25 de mayo culmino la 1° etapa de Revocatorias, el balance es exitoso… porque:
1. Hoy, miles de personas ejercen su ciudadanía, hecho que nunca antes ocurrió, a pesar del caos en las ciudades y la corrupción en las municipalidades. 
2. Hoy, miles pasaron…de meros “electores” forzados por la multa a “ciudadanos” informados para ejercer ciudadanía. Es una obra de los ciudadanos organizados. 
3. Hoy, miles tenemos conciencia de la necesidad de recuperar las municipales, en manos del sistema lobista para mejorar la prestación de los servicios públicos. 
4. Hoy, gracias a las revocatorias, la ciudadanía presiona a los Alcaldes para reorientar las gestiones, corregir errores y despedir incapaces. Y eso es bueno.


OBSERVACIONES
1. Promover la Reforma Ciudadana para reducir el % de firmas para las revocatorias en la capital, así incentivar el ejercicio de este derecho ciudadano.
2. Promover la Reforma Ciudadana, de la ONPE, RENIEC y JNE, frente a la incapacidad técnica e institucional para incentivar este derecho ciudadano.


PERSPECTIVAS DE LA 2° ETAPA
1. La recolección de firmas debe continuar junto con la calificación de las firmas presentadas, y reforzarlas con propuestas para cada ciudad.
2. Iniciar debates públicos para las Consultas Ciudadanas JNE-Septiembre 2012, con el documento “Agenda Metropolitana” presentado por Iniciativa Ciudadana.
3. Unir a todos los que participamos en la 1° Etapa de la Revocatoria en distritos y provincias de Lima-Callao en el Movimiento de Reforma Municipal Ciudadana.
4. En la Reforma Municipal priorizar la modificatoria de Leyes de Municipalidades, Seguridad Ciudadana, Emergencia ambiental y de Participación Ciudadana.


Finalmente, saludamos a todos los vecinos de Lima y Callao participantes en la exitosa 1° Etapa de Revocatorias, y los convocamos a la 2° Etapa, juntos forjaremos el Poder Ciudadano para el progreso de las ciudades y los ciudadanos.


Acuerdo de la Asamblea Metropolita del 26 de mayo del 2012


COMITÉ METROPOLITANO 

POR EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Cajamarca puede iniciar la era de un nuevo modelo de desarrollo

1.     La protesta cajamarquina impidió la imposición del proyecto original Conga. La lucha del pueblo de Cajamarca contra la repetición de las secuelas negativas acumuladas durante los 18 años de explotación en Yanacocha, junto al apoyo logrado en todo el país, hizo posible la realización del peritaje internacional del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga y la propuesta del presidente Ollanta Humala del 20 de abril. Esta propuesta abrió un espacio para el diálogo a favor de un nuevo modelo de explotación minera que incluya: a) cuadruplicación del volumen de los reservorios destinados a la compensación por la intervención destructiva sobre lagunas y bofedales, b) intangibilidad de por lo menos dos de las cuatro lagunas (no deben ser tocadas ni menos convertidas en depósitos de desmonte), y c) generación de al menos 10 mil puestos de trabajo.

2.     El silencio de la empresa incuba el estallido del conflicto. La empresa minera Yanacocha aún no se ha pronunciado sobre esta nueva propuesta. Ha optado por el silencio para ganar tiempo, para desgastar la protesta y simultáneamente acrecentar la presión y el descontento de las personas que fueron contratadas en las poblaciones cercanas al proyecto (7 u 8 mil personas), así como de los contratistas y empresas de todo tipo asentadas en la ciudad de Cajamarca. Además, la principal empresa del proyecto Conga, Newmont, acaba de anunciar que reducirá su inversión de US$ 1,500 a US$ 440 millones para los años 2012-13. En consecuencia, buscan, aunque sin declararlo, la derrota de la protesta cajamarquina como condición para negociar con el ejecutivo su decisión final.

3.     La convocatoria a una huelga indefinida es el camino al enfrentamiento y la derrota. Se debe promover desde el gobierno regional y nacional la iniciativa de reiniciar el diálogo. Apoyar la convocatoria a una huelga indefinida que empezaría el próximo 31 de mayo es un error de los dirigentes de la movilización. Exigir que el gobierno declare la inviabilidad del proyecto, responde a una estrategia de abierta confrontación, de «todo o nada» que fomenta el enfrentamiento entre cajamarquinos y puede conducir a la derrota del movimiento social. Así se dará la razón a quienes piensan que solo con la represión y el uso de la fuerza se conseguirá restablecer el orden y acabar con la protesta.

4.     Es posible una nueva minería con responsabilidad social. Se debe valorar la ventana abierta que existe para inaugurar un nuevo modelo en las actividades extractivas en general y la minería en particular en todo el país. Esta posibilidad es un logro de la lucha legítima de los cajamarquinos. Se ha «levantado la valla» con respecto a los EIA, y se ha abierto la posibilidad de fiscalizarlas y de restructurar el sistema de aprobación y evaluación de los EIA. Es previsible, además, que los otros proyectos puedan exigir la presencia de peritos internacionales imparciales para revisar los EIA aprobados, y solicitar cuotas de generación de empleos, el aseguramiento de la disponibilidad de agua segura y procesos participativos para garantizar el cumplimiento de los EIA a lo largo de la vida de los proyectos.

5.     La nueva minería debe tomar en cuenta el cambio climático. El cambio climático ha modificado el régimen de lluvias en los Andes, juntando los días de lluvia y ampliando los días de sequía. Por lo tanto, urge implementar reservorios para compensar la disponibilidad del recurso hídrico durante más días del año, especialmente en las poblaciones alto andinas. Si como parte del proyecto Conga se cuadruplica la disponibilidad de las lagunas existentes construyendo reservorios, se ayudará a las cinco cuencas a enfrentar los efectos del cambio climático que afectarán más a las poblaciones desprotegidas y de menores recursos.

6.     No hay que perder la oportunidad de iniciar una nueva minería en democracia. El silencio de la empresa y el llamado a una huelga indefinida han configurado una situación de enfrentamiento sin salida que podría abrir la ruta hacia un autoritarismo en ciernes con sus secuelas de mayor corrupción. No perdamos la oportunidad de iniciar una nueva etapa de minería social y ambientalmente responsable, y respetuosa del agua y de las personas. No está en juego ni la «dignidad del pueblo cajamarquino» ni el honor del Ejecutivo, sino la democracia y sus instituciones que son la garantía del desarrollo.

7.     Los Gobiernos Regionales tienen una oportunidad histórica de liderar el desarrollo de sus pueblos. Otras regiones, especialmente en la zona sur del país, están en espera del desarrollo de importantes proyectos mineros. Es obligación de los respectivos gobiernos regionales asegurar el uso de técnicas modernas de desalinización del agua de mar para que el país pueda utilizar el agua con el orden de prioridad ya conocido: consumo humano, vivienda, agricultura y posteriormente minería. En todas las regiones «mineras» sus gobiernos tienen la responsabilidad de liderar el desarrollo del nuevo modelo de minería socialmente responsable, abandonando el modelo de minería que no ha mejorado la calidad de vida de sus respectivas poblaciones.

8.     La prioridad para el desarrollo del país debe ser la Agricultura y la diversificación productiva. La puesta en práctica de un nuevo modelo de minería, no debe desatender a la agricultura. Este es un sector intensivo en mano de obra, cuyo desarrollo, con una buena base infraestructural de irrigaciones, ayudará a resolver el problema del subempleo y el desempleo, y a lograr la seguridad alimentaria del pueblo peruano. El desarrollo de este sector es, asimismo, la base para la expansión de la capacidad exportadora agroindustrial que constituye un importante atractivo de inversiones. Dentro de esta perspectiva de desarrollo -que no excluye la industrialización y la diversificación productiva-, la Autoridad Autónoma del Agua debe ser fortalecida, para asegurar el uso adecuado y eficiente de este vital elemento para el futuro del país.

Por todo ello, solicitamos reabrir de manera urgente la Mesa de Diálogo que se instaló en octubre del 2011, con representantes del gobierno central, del gobierno regional, de las organizaciones locales y de la Empresa. La agenda de esta Mesa debe ser: a) ampliación del volumen de los reservorios; b) generación de los empleos solicitados; c) modificación efectiva del proyecto para salvaguardar al menos dos lagunas; d) creación de un fondo de inclusión social para absorber las demandas de las poblaciones alrededor de los proyectos mineros como son: agua, luz, escuelas, proyectos agrícolas y ganaderos, etc.; e) creación de un fondo de gestión ambiental para asegurar la compensación de los daños de contaminación y de otros efectos ocasionados durante el proceso de desarrollo de la minería; y, f) las otras propuestas especificas del peritaje (monitoreo participativo, análisis hidrológico, etc.). El objetivo de la Mesa debe ser mejorar e implementar esta agenda para iniciar el proyecto, ahora sí, con la aceptación y fiscalización de la población cajamarquina.

El diálogo es la manera de canalizar la protesta cajamarquina. La nueva minería no puede nacer antidemocráticamente.

Comisión Política

Ciudadanos por el Cambio

Lima, 24 de mayo de 2012.

SE DEBE SOMETER A LICITACION INTERNACIONAL EL ESPACIO RADIOELECTRICO QUE USA TELEFONICA EN EL PERU

La opción que el gobierno de Ollanta Humala tome frente a la disyuntiva de someter a licitación internacional los nuevos contratos de telefonía o prorrogarlos a la empresa Telefónica (Movistar), pueden marcar ya en definitiva si está dispuesto a romper con una tradición mercantilista o corrupta en el Estado o someterse a ella por una lógica pragmática y acomodaticia frente a los grandes grupos de poder económico.

El informe de “IDL reporteros” demuestra la manera como las empresas Telefónica y Claro, entre los años 2007 y 2011, hicieron uso de esa tradición mercantilista - que consiste en utilizar la ley o generar normas para el beneficio privado de unos cuantos – para evitar el pago de gran parte del Canon Radio eléctrico, perjudicando al Estado con cerca de 460 millones de soles en cinco años, ratifica el modo en que la gestión de Alan García consolidó un régimen donde los poderes facticos se imponen en medio de la generación secreta o de extrema celeridad de decretos supremos que beneficiaron a grandes empresas dispuestas a no pagar los impuestos que realmente deberían pagar, con el objeto de maximizar sus ganancias. Prueba de ello es que en dicho periodo de cinco años, tanto las empresas Telefónica como Claro aumentaron sus ganancias en un 100%.

El informe de “IDL reporteros”, ocultado o minimizado por todos los medios de comunicación, incluido el diario La República, demuestra la manera en un personaje como Cayetana Aljovín, muy ligada a grupos mediáticos de poder, el ex – Ministro Cornejo y el propio Alan García jugaron un rol central en el proceso para generar el DS 043-2006 que hizo posible el incumplimiento de los pagos que por Canon Radio Eléctrico deberían hacer esas empresas al Estado, según el Decreto Supremo 027-2004-MTC. Escondiéndose en sofisticados tecnicismos, derogaron el decreto emitido el año 2004, que calculaba el canon en base al número de celulares vendidos. Se dispuso entonces un nuevo sistema de cálculo en base a una fórmula compleja y confusa que incluía variables como coeficiente de ancho de banda, coeficiente de área y número de canales. La complejidad tuvo, sin embargo, un simple resultado: pagos mucho menores.

Con el mencionado decreto no solo se perjudicó el Estado con 460 millones de soles de ingresos, sino se evitó que la telefonía llegue a 280 pueblos más pobres del Perú, tal como obligaba normas anteriores.

LA TRAMPA DE LA TEORÍA DE LAS “CUERDAS SEPARADAS”.

El comportamiento de éstas empresas multinacionales, simplemente confirma aquella otra renuencia de la Telefónica por evitar a como dé lugar el pago de la deuda de 2,300 millones de soles a la SUNAT, caso que actualmente se encuentra en litigio.

Esta actitud confirma que tan equivocado es el anuncio hecho por el Primer Ministro Valdés en el sentido que el trato a la Telefónica frente a una eventual prorroga de los contratos por 20 años más y el trato sobre la deuda a la SUNAT, deben correr por “cuerdas separadas”, cuando ese privilegio no tienen miles de empresas grandes, medianas o pequeñas o cualquier persona natural. Es como si se hiciera costumbre en el Estado que cualquier empresa pueda acceder a un contrato con un ministerio, gobierno regional o municipal aunque ésta tenga deudas y juicios con las mismas y pueda ejercer el derecho a ganar una licitación por más morosa que sea y en el mismo giro que se pretende contratar. El principio general debería ser que en cualquier entidad del Estado, cuando una persona natural o jurídica concursa para una plaza o para un contrato, las bases administrativas deben establecer que éstas no pueden ni siquiera presentarse a un concurso si tienen un juicio con la entidad que convoca el concurso. Con ello se lograría no solo un respeto al Estado, disminuir la corrupción, sino una competencia sana entre las empresas.

El problema es que en el Perú, con una extremada tradición mercantilista, lobbista y una economía de mercado con altos niveles de concentración, la Telefónica puede darse el gusto de tener a ministros que hacen uso de esta “teoría de las cuerdas separadas” y que no es otra cosa que la justificación previa para renovarle el contrato.

Más aún, a los gobernantes y a cierta tecnocracia no solo les interesa proseguir con esta tradición, sino mantener muy difusa y deficiente la Base de Datos con la cual calcular el Canon Radio Eléctrico, tal como lo muestra el Informe de “IDL Reporteros”. No es ninguna casualidad que en las dependencias correspondientes ni siquiera se sabe cuánto se le debe por canon y, según parece, realmente no tienen ninguna intención en saberlo. Las bases de datos del MTC o son un caos o son inservibles. Según reporta el informe periodístico ya en el año 2008 la auditora F. Iberico y Asociados advirtió en su informe que, “no existe base de datos que permita determinar el número de estaciones concedidas a los usuarios del espectro radioeléctrico y consecuentemente verificar la conformidad de los cálculos efectuados para determinar los importes del canon a pagar”. Y todo parece indicar que cuatro años después esa extrema deficiencia se mantiene.

Urge convocatoria a Licitación Internacional

Frente a esta situación el Congreso de la República tiene aquí una gran responsabilidad. No solo para investigar a los protagonistas que dieron lugar a ese nefasto Decreto Supremo 043-2006, sino para exigirle al Poder Ejecutivo que convoque a Licitación Internacional para el contrato por 20 años más por los rubros que la Telefónica ostentó desde el año 1992 y que el MTC realice todos los esfuerzos por tener una base de datos actualizada sobre el uso del espacio radio eléctrico

Sería ejemplar y con grandes réditos para el gobierno si el Perú da el ejemplo en América Latina en someter a Licitación Internacional el uso de su espacio radioeléctrico. Ganarán los usuarios porque en esta sana competencia los postores se verán obligados a presentar mejores ofertas y adecuarse a tecnología de punta. Ganará la economía social de mercado porque a los ojos de toda la nación no son los lobbies los que se imponen en los contratos en medio de la cultura del secreto. Ganarán las empresas porque la competencia las obliga a mejorar su gestión corporativa y tecnológica. Ganará el Congreso por cumplir su función fiscalizadora haciendo cumplir el artículo 61 de la Constitución.

Y sobre todo ganará el Presidente Ollanta Humala porque marcará una diferencia cualitativa con los gobiernos anteriores.

Saludos

Neptali Carpio

CONSULTA ELECTRONICA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LIMA

La voluntad de la gestión de Susana Villarán de consolidar el Presupuesto Participativo en el ámbito metropolitano y regional ha dado lugar a un interesante debate al interior de la propia gestión metropolitana y entre los agentes participantes de todas “las Limas” que participan en este proceso. Se trata del ejercicio de la consulta electrónica a todos los ciudadanos para participar con su voto en el proceso de priorización de los proyectos presentados al Proceso del Presupuesto Participativo – 2013,  el pasado 27 de abril.

En la base de esta iniciativa innovadora radica la voluntad de comprometer a mayores sectores, sobre todos aquellos “no organizados”, entre los destacan los jóvenes. Sería una forma de legitimar más el proceso en una capital donde la inmensa mayoría no está organizada (según las propias encuestas), pero tienen acceso al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS), en especial el Internet. Es una manera de hacer partícipe a la llamada “infosociedad” o “sociedad de la información”, cuyos estamentos no están organizados en lo que tradicionalmente hemos entendido por juntas vecinales, federaciones, Organizaciones Sociales de Base o Colectivos Ciudadanos.

Es cierto que el tiempo es corto, pero una audaz iniciativa y voluntad de comunicación podría dar lugar a que a fines de la primera semana de junio, luego que los agentes participantes hayan votado el 24 y 25 de mayo, miles de ciudadanos depositen su voto a través de la consulta electrónica según los proyectos ya calificados por el Equipo Técnico de la MML y la priorización que hayan establecido los agentes participantes el 24 y 25 de mayo. Sería una experiencia piloto que podría replicarse en una dimensión mayor en el Presupuesto Participativo del 2014.

Lo que faltaría es que la MML explique bien como se realizará el proceso y cuál será su ponderación en puntaje en el resultado final del proceso.  Desde ese punto es explicable que diversos agentes participantes hayan expresado su escepticismo y desconfianza sobre la utilidad y ponderación del proceso, pero que poco a poco empieza a revertirse.

Lo que no se explica es porque un sector de funcionarios de la MML se opongan a este proceso, cuando todos los días hacen uso de las tecnologías modernas de información y cuando en la convocatoria pública si se hacía alusión a un a consulta electrónica a la ciudadanía, luego de la votación de los agentes participantes.

Ya veremos.

Neptali Carpio

Cel. 985270189    RPM: * 6958406

RESOLUCION 818-A-JNE QUE DECLARÒ LA VACANCIA DEL ALCALDE DE VILLA EL SALVADOR SANTIAGO MOZO QUISPE

Resolución N° 0818-A-2011-JNE

Expediente N° J-2011-00748

Lima, catorce de diciembre de dos mil once

VISTO, en audiencia pública de fecha 22 de noviembre de 2011, los recursos de apelación interpuestos por Wiston Díaz Cuya, Venancio Víctor Andrés Álvaro y Walter Quispe Vilcas contra el Acuerdo de Concejo N° 044-2011/MVES, de fecha 27 de octubre de 2011, que rechazó la solicitud de vacancia de Santiago Mozo Quispe, alcalde del Concejo Distrital de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

Sobre la sentencia condenatoria por delito doloso emitida contra Santiago Mozo Quispe y su posterior rehabilitación 

Mediante sentencia de fecha 25 de agosto de 2008, la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Expediente N° 390-2007, condenó a Santiago Mozo Quispe, por la comisión del delito de defraudación tributaria en agravio del Estado, a cuatro (4) años de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de prueba de dos (2) años, bajo determinadas reglas de conducta, además se fijó el íntegro de la deuda tributaria como reparación civil a favor del Estado. Esta sentencia fue declarada consentida por Resolución del 19 de septiembre de 2008.

Por resolución del 6 de diciembre de 2010, el Segundo Juzgado Penal Supranacional de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró rehabilitado a Santiago Mozo Quispe de la condena impuesta.

Asimismo, con resolución del 16 de agosto de 2011, emitida por la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República, se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el procurador público de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y se confirmó la resolución que rehabilitó a Santiago Mozo Quispe.

Sobre los pedidos de exclusión dentro del proceso electoral correspondiente a las Elecciones Municipales 2010

En el Expediente N° 0121-2010-064, de inscripción de listas de candidatos de la organización política Perú Posible para las Elecciones Municipales del año 2010, se advierte que el Jurado Electoral Especial de Lima Sur (en adelante, JEE), mediante resolución de fecha 13 de julio de 2010, admitió y publicó la lista de candidatos para el Concejo Distrital de Villa El Salvador, presentada por la citada organización política el 5 de julio del mismo año. Esto es, al momento de la presentación de la lista de candidatos, el hoy alcalde contaba con sentencia condenatoria por delito doloso con pena privativa de libertad.

Posteriormente, con la resolución de fecha 20 de julio de 2010 se procedió a la inscripción y publicación de la citada lista de candidatos de la organización política Perú Posible.

Cabe señalar que el Sistema Integrado de Procesos Electorales (SIPE) advirtió que Santiago Mozo Quispe registraba antecedentes penales por el delito de defraudación tributaria, información que fue proporcionada por el Registro Nacional de Condenas, contrariamente a lo declarado por el candidato en su hoja de vida.

En dicho proceso electoral, las organizaciones políticas Partido Popular Cristiano –Unidad Nacional y Alianza para el Progreso, con escritos de fecha 28 y 29 de septiembre de 2010, solicitaron al JNE la exclusión del candidato Santiago Mozo Quispe por recaer sobre él una sentencia condenatoria por delito doloso. Los citados escritos fueron derivados al JEE por ser este el órgano jurisdiccional competente para emitir pronunciamiento en primera instancia.  

En mérito de ello, el JEE emitió los proveídos sin número de fecha 1 y 2 de octubre de 2010 devolviendo los escritos de exclusión a los interesados para que hagan valer su derecho ante la instancia que corresponda debido a que no se había adjuntado la sentencia condenatoria ni se había acreditado que esta tenga la calidad de firme o que haya quedado consentida o ejecutoriada. Cabe señalar que se resolvieron los pedidos de exclusión sin esperar que venza el plazo otorgado a Santiago Mozo Quispe para que absuelva el traslado conferido y presente sus descargos respectivos. Los referidos pronunciamientos no fueron cuestionados por las organizaciones políticas solicitantes, por lo que estos quedaron firmes.

Finalmente, con fecha 24 de noviembre de 2010, el JEE emitió el acta de proclamación de resultados de cómputo y de autoridades municipales distritales electas correspondiente al distrito de Villa El Salvador.

Sobre la solicitud de vacancia

Venancio Víctor Andrés Álvaro, Walter Quispe Vilcas y Wiston Díaz Cuya, con fecha 8 de junio de 2011, solicitaron ante este Supremo Tribunal Electoral la vacancia de Santiago Mozo Quispe, alcalde del Concejo Distrital de Villa El Salvador, al haber incurrido en la causal establecida en el artículo 22, numeral 6 (condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad), de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM).

La causal señalada por los solicitantes se sustenta en que Santiago Mozo Quispe fue sentenciado por la comisión del delito de defraudación tributaria contra el Estado, a cuatro (4) años de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de prueba de dos (2).

Sobre el Acuerdo de Concejo N° 035-2011-MVES

Por Resolución N° 0723-2011-JNE del 30 septiembre 2011, el JNE declaró nulo el Acuerdo de Concejo N° 035-2011-MVES y la sesión extraordinaria del 2 septiembre 2011, que aprobó la vacancia de Santiago Mozo Quispe y dispuso que el concejo convoque a nueva sesión extraordinaria para tratar dicho pedido.

Sobre la sesión extraordinaria de fecha 27 de octubre de 2011

En la fecha indicada, con la asistencia del alcalde y los 13 regidores, el Concejo Distrital de Villa El Salvador acordó, con 8 votos a favor y 5 en contra, no aprobar la solicitud de vacancia del alcalde Santiago Mozo Quispe. Decisión que se plasmó en el Acuerdo de Concejo N° 044-2011/MVES. Cabe señalar que el regidor Ángel Reinaldo Ríos Flores no votó.

Sobre los recursos de apelación

Con fecha 2, 14 y 17 de noviembre de 2011, Wiston Díaz Cuya, Venancio Víctor Andrés Álvaro y Walter Quispe Vilcas interpusieron recurso de apelación contra el Acuerdo de Concejo N° 044-2011/MVES, sustentándolos sobre la base de los siguientes argumentos:

a.    Santiago Mozo Quispe postuló, fue elegido y proclamado como alcalde sin contar con los requisitos establecidos en la Resolución N° 247-2010-JNE, ya que se encontraba suspendido en el ejercicio de la ciudadanía por tener sentencia condenatoria por delito doloso con pena privativa de libertad y, por lo tanto, se encontraba inhabilitado para el ejercicio de sus derechos políticos.

b.    Santiago Mozo Quispe se encuentra rehabilitado a partir del 16 de agosto de 2011, fecha en la cual la Sala Penal de la Corte Suprema de la República confirmó la resolución de fecha 6 de diciembre de 2010 que declaró su rehabilitación de la sentencia penal que se le impuso.

c.    Santiago Mozo Quispe ha sido rehabilitado sin que haya hecho pago del íntegro de la reparación civil ni la deuda tributaria como lo ordenó la sentencia condenatoria. Se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contra la sentencia que confirmó la rehabilitación.

d.    El pedido de vacancia resulta procedente pues existe un claro conflicto entre el cargo público que ejerce el alcalde y el interés privado que representa que una persona con condena penal haya venido ejerciendo ese cargo.

e.    Se debe tener en cuenta los criterios expuestos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en las Resoluciones N° 0572 y 0651-2011-JNE con relación a la vacancia por condena por delito doloso.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En el presente caso, se deberá determinar si respecto del alcalde Santiago Mozo Quispe se configura la causal de vacancia establecida en el artículo 22, numeral 6, de la LOM.

CONSIDERANDOS

La condena penal de un funcionario como una afectación grave para la sociedad

1.      Cuando la Constitución señala en su artículo 39 que “los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación”, no solo significa que tanto los funcionarios como trabajadores públicos brindan servicios a los ciudadanos observando los principios y deberes señalados en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, sino que conjuntamente se les está imponiendo un deber de conducta que descarta la comisión de ilícitos penales de cualquier índole, aun de aquellos no relacionados con la función pública.

Para llegar a tal conclusión, se parte de la comprensión de la condena penal como un acto de reproche que la sociedad y sus instituciones hacen contra la conducta de quien infringe las normas básicas del sistema jurídico, lesionando sus bienes más importantes.

2.      Por ello ante la infracción de las normas penales, el sistema reacciona a través de la afectación de uno de los bienes más preciados de la persona humana: su libertad. Ello da cuenta de la importancia que en una sociedad democrática cobra la comisión de un ilícito penal.

3.      De este modo, el Estado solo cumplirá sus fines si mantiene en su interior sólo a funcionarios idóneos, respetuosos de sus instituciones y del ordenamiento jurídico, lo cual no se cumple si estos son sancionados penalmente. De ahí la importancia de la función que cumple el JNE como ente que controla y, de ser el caso, sanciona, con la separación en el cargo de las autoridades elegidas por elección popular.

Sobre la constatación de la causal de vacancia prevista en el artículo 22, numeral 6, de la LOM

4.      El artículo 22, numeral 6, de la LOM establece como causal de vacancia la existencia de una condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad.

5.      El Pleno del JNE, a partir de la emisión de las Resoluciones 0572-2011-JNE y 0651-2011-JNE, vía interpretación de los alcances de la citada causal, ha establecido que esta se configura cuando se verifica la existencia de una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso durante la vigencia del mandato de una autoridad edil, es decir, que en algún momento hayan confluido tanto la vigencia de la condena penal como el ejercicio del cargo de alcalde o regidor.

6.      La adopción de tal criterio interpretativo obedece a la necesidad de garantizar la idoneidad de los funcionarios que integran las instituciones del Estado, con mayor razón de aquellos que provienen de elección popular, de tal modo que, conforme con lo dispuesto en la LOM, no se permita la permanencia en el cargo de quienes han infringido las normas básicas de nuestro ordenamiento y han perpetrado la comisión dolosa de un ilícito penal.

7.      Conforme se desarrolla en los fundamentos que a continuación se exponen en los votos que se acompañan, se encuentra acreditado que el alcalde Santiago Mozo Quispe ejerció su cargo mientras contaba con una condena consentida o ejecutoriada por delito doloso, verificándose así el cumplimiento de la causal de vacancia establecida en el artículo 22, numeral 6, de la LOM.

En consecuencia, debe declararse la vacancia de su cargo y, en aplicación del artículo 24 de la LOM, corresponde acreditar a Guido Iñigo Peralta para que asuma el cargo de alcalde y convocar a Naciocinio Óscar Campo García para completar el número de regidores del Concejo Distrital de Villa El Salvador, ambos integrantes de la organización política Perú Posible. Dichas convocatorias se realizan de acuerdo con el acta de proclamación de resultados remitida por el Jurado Electoral de Lima Sur, con motivo de las Elecciones Municipales del año 2010.

Por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo primero.- Declarar FUNDADOS los recursos de apelación interpuestos por Venancio Víctor Andrés Álvaro, Walter Quispe Vilcas y Wiston Díaz Cuya; en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo de Concejo N° 044-2011-MVES que rechazó la solicitud de vacancia de Santiago Mozo Quispe al cargo de alcalde del Concejo Distrital de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima.

Artículo segundo.- DEJAR SIN EFECTO la credencial otorgada a Santiago Mozo Quispe como alcalde del Concejo Distrital de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, emitida con motivo de las Elecciones Municipales del año 2010.

Artículo tercero.- ACREDITAR a Guido Iñigo Peralta para que asuma el cargo de alcalde del Concejo Distrital de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, y completar el periodo de gobierno municipal 2011-2014, por lo que se le otorgará la respectiva credencial.

Artículo cuarto.- CONVOCAR a Naciocinio Óscar Campo García para que asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, y completar el periodo de gobierno municipal 2011-2014, por lo que se le otorgará la respectiva credencial.

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

DE BRACAMONTE MEZA

VELARDE URDANIVIA

Bravo Basaldúa   

Secretario General