miércoles, 26 de octubre de 2011

CONCEJO DE VES DEBE DESTITUIR AL ALCALDE MOZO POR HABERSE COMPROBADO QUE TIENE CONDENA PENAL POR DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA

REGIDORES DE VILLA EL SALVADOR DEBEN PRONUNCIARSE POR LA VACANCIA DE ALCALDE CONDENADO

Para mañana jueves 27 de octubre a las 08:00 horas ha sido convocada la sesión extraordinaria del Concejo de Villa El Salvador, para que los Regidores se pronuncien nuevamente por la declaración de vacancia del Alcalde  Santiago Mozo Quispe.

Esta nueva convocatoria a sesión del Concejo se efectúa a instancias del JNE que, mediante su Resolución N° 723-2011, anuló la sesión anterior que destituía al Alcalde debido a defectos de forma relacionados con su plazo  de convocatoria.

Como es de conocimiento público el pedido de vacancia se sustenta en el hecho comprobado que el Alcalde Santiago Mozo tiene una condena penal vigente de cuatro años de prisión por el delito de defraudación tributaria en agravio del Estado (SUNAT), hecho que lo inhabilita automáticamente para desempeñar una función pública tan importante.

La inmediata destitución del Alcalde Mozo debería darse por descontada si no fuera porque éste pretende aferrarse al cargo y ha acreditado como sus abogados defensores al cuestionado candidato al Congreso por GANA PERU y recientemente cesado ex Director de la Discamec Daniel Maurate y a su socio Edmundo Peláez Bardales, hermano del actual Fiscal de la Nación.

Como parte de su estrategia para salvar al Alcalde, el abogado Maurate presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones un irregular documento tratando de hacerlo pasar como una opinión institucional del Colegio de Abogados de Lima favorable al Alcalde Mozo, maniobra que fuera rechazada por la Junta Directiva del CAL por su contenido ajeno a la verdad.

Es lógico suponer que sus nuevos abogados pretendan "blindar" al Alcalde Mozo, invocando para ello sus "influencias" en las altas esferas del poder político a efectos de presionar al JNE y obtener un resultado favorable a la corrupción municipal en desmedro de la legalidad y la institucionalidad democratica.

En tal sentido, debemos exigir un pronunciamiento claro de toda la clase política y en particular del Presidente de la República, que evidencien un respaldo abierto a las diversas iniciativas ciudadanas promovidas contra la corrupción municipal.



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