I.
El Frente Amplio y el derecho al diálogo democrático
El Perú requiere
el diálogo nacional democrático para lograr establecer acuerdos en torno a
objetivos nacionales de desarrollo, ante la crisis nacional y mundial y en
perspectiva al Bicentenario de la Independencia el 2021.
La
institucionalidad democrática se sustenta en la deliberación y la participación
de la ciudadanía.
El diálogo entre
Gobierno y las oposiciones, políticas y sociales, es ahora, además, crucial y
urgente. Vivimos la encrucijada de una profunda crisis nacional, ante los
agudos problemas del modelo neoliberal primario exportador y la crisis del
Gobierno, que no logra dar soluciones
adecuadas a la crisis económica mundial y a su impacto en la nación, en el
corto, mediano y largo plazo.
El diálogo democrático está afectado por la cerrazón del sistema político a la
participación efectiva de la ciudadanía y la permanencia de un régimen sin
partidos reales en la sociedad, y con la
amenaza de la monopolización creciente de la vida económica y en los medios de
prensa.
La crisis
nacional amenaza bloquear la promesa del Perú como nación integral, soberana,
democrática, de todas las sangres. Esta Promesa del Perú con Democracia
Ciudadana, es la que el pueblo ha
mandatado con su voto masivo en las elecciones
y con su esfuerzo de trabajo y organización social.
Para el Frente
Amplio, el diálogo democrático es un derecho, al que no se debe excluir, y
también es una obligación, en la que deben presentarse las diversas
alternativas. Con esta convicción, es que hemos formalizado nuestra
incorporación al Acuerdo Nacional, y también hemos acudido a la convocatoria
realizada por el Gobierno para un diálogo nacional ante la crisis actual.
II.
La
Agenda del Diálogo con el Poder Ejecutivo
Consideramos que
la grave situación del país, obliga a que se priorice en la agenda nacional los
siguientes temas, respecto a los cuales haremos llegar el día de la reunión con
el Poder Ejecutivo, las propuestas específicas del Frente Amplio. Sobre estos y
otros aspectos, es urgente que se adopten objetivos y políticas nacionales.
1. Crisis económica:
reactivación productiva diversificada, desarrollo nacional integral con respeto
al medio ambiente.
La crisis
mundial está en una nueva etapa, en la cual es insostenible para el Perú la
continuación del modelo neoliberal primario exportador.
El Gobierno no cumple
con el mandato del voto ni con las leyes vigentes ni con opciones viables en
diversos aspectos cruciales. Se ha limitado a
precarizar el empleo e imponer abusivas tasas en servicios financieros a
la ciudadanía. Ha acumulado estos años
reservas, con un manejo discrecional del MEF, por más de 15 mil millones de
dólares, las que anuncia derrochará a favor de algunas grandes empresas
favorecidas y no para el desarrollo nacional.
El Poder
Ejecutivo ha abandonado una visión del
desarrollo del Perú, dejando de lado que
debemos tener objetivos nacionales estratégicos al 2021, en que cumplimos el
Bicentenario de Nuestra Independencia,
integrando la Patria Grande Latinoamericana.
Entre los
asuntos que deben tratarse en el Diálogo, para vincular el proyecto de nación
con el corto plazo, se requiere superar
las siguientes políticas impuestas estos años.
Se ha abandonado
la política nacional ante el cambio climático mundial y el necesario
ordenamiento territorial ambientalmente sustentable.
Se ha bloqueado
los créditos y asistencia técnica para la diversificación productiva en el
mercado interno (agrario, agroindustrial, ganadería, vacuna y camélidos,
forestal, metalmecánica, conglomerados industriales).
Se ha negado a
constituir fondos y líneas de crédito,
preferenciales y con asistencia técnica,
para la pequeña y microempresas, las empresas asociativas, comunales y
de conglomerados productivos.
No ha promovido
las inversiones con aportes públicos en grandes proyectos aprobados y viables
que están paralizados y cuyas empresas públicas como Petroperú, Banco
Agrario, Enapu, se bloquean en vez de modernizarlas. Entre estos
proyectos paralizados, pese a que tienen recursos, legislación y respaldo, están el Gasoducto-petroquímica surandina; el Petróleo Noroeste y Amazonia y
la Refinería Talara; los Ejes Interoceánicos sur, norte y centro y el nuevo eje
interoceánico central desde Tacna-Moquegua-Arequipa, con puerto y ferrocarril
continental, uniendo Perú con Bolivia y Brasil.
No ha diseñado una política de nueva minería, que
armonice con el medio ambiente y articule con el desarrollo social. No ha resuelto la formalización de la minería
informal al negarse a constituir un banco público minero que sea el que compre el oro y acabe con las mafias de
acopiadores.
No ha afirmado
los mercados con los países latinoamericanos, sino se ha subordinado a las
negociaciones secretas para un Tratado Transpacífico, supeditado
geopolíticamente a Estados Unidos, que nos reduciría a ser plataforma
financiera sin soberanía.
La política para
la Juventud, se ha reducido a paliativos, lo que más bien debe ser una política
estratégica para la juventud, pues actualmente es una de las principales
potencialidades del país al ser su población joven la mayoritaria, con desafíos de unir la educación universal
de calidad con las oportunidades de
trabajo y vida social.
2. Necesaria apertura política
a la ciudadanía para superar el cierre
del régimen vigente, la burocratización autoritaria del Estado y la corrupción
sistémica, afirmando el Estado unitario, descentralizado y participativo.
El pueblo ha
expresado el rotundo rechazo a la exclusión de la ciudadanía en el sistema
político. Este es el sentido del rechazo masivo ciudadano a la Repartija de
Cargos, que pretendió el Poder Ejecutivo y la mayoría del Congreso, para
nominar representantes al Tribunal
Constitucional, a la Defensoría del Pueblo y al Banco Central de Reserva.
La crisis actual
es también la de un régimen político, que reduce los partidos a fábricas de
firmas y niega la participación activa y militante de los ciudadanos como formadores y decisores reales del
sistema político.
Son
indispensables cambios constitucionales, incluidos los de la esfera
política, para que el poder democrático
sea unitario y descentralizado, con la expresión y ejercicio de la ciudadanía,
y no un régimen impuesto contra ella, que la suplanta, dispersa o bloquea.
La corrupción se
está institucionalizando, capturando las mafias distintas áreas del Estado. Es
indispensable la “muerte civil” a los que cometen actos de corrupción, y
sancionar la corruptela de subordinar el Estado, sus políticas, dominio y
recursos, a grupos privados.
3.
Necesidad de Programas
Sociales Universales y régimen laboral democrático
Ante la crisis,
se han impuesto las políticas de cholo barato, con regímenes laborales sin
derechos básicos y con alto subempleo; de precarización de las condiciones de
vida; y de prosperidad falaz de consumidores agobiados, con tasas abusivas en
servicios públicos, en servicios bancarios y telefónicos, en las AFP y el
aporte abusivo de los trabajadores independientes.
Los Programas y
Políticas sociales en vez de universales se han reducido y burocratizado. Se
traba la aprobación de la Ley General de Trabajo, la que debe afirmarse con los
derechos básicos reconocidos por la OIT.
Es indispensable
que se otorgue mayor importancia a las reformas en Educación y Salud. Es
necesario que se asuman como políticas universales, indispensables para el
desarrollo de la nación, y en la que el conjunto de la ciudadanía y de sus artífices
sean activos formuladores y gestores activos.
4.
Seguridad Ciudadana y
Comisión de la Verdad
En el Acuerdo
Nacional se han avanzado propuestas de política sobre Seguridad Ciudadana y se
debate el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Es
necesario que este Foro complete sus labores y recabe todos los aportes. Pero
ello serán inútiles si el Poder Ejecutivo no cumple sus obligaciones, en
especial el de superar la inexistencia real de la policía nacional como institución, pues al mantenerse
vigente el régimen laboral policial de
24 x 24 (un día policía y otro de trabajo privado), tenemos
guachimanes pero no institución policial.
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