La opción que el gobierno de Ollanta Humala tome frente a la disyuntiva de someter a licitación internacional los nuevos contratos de telefonía o prorrogarlos a la empresa Telefónica (Movistar), pueden marcar ya en definitiva si está dispuesto a romper con una tradición mercantilista o corrupta en el Estado o someterse a ella por una lógica pragmática y acomodaticia frente a los grandes grupos de poder económico.
El informe de “IDL reporteros” demuestra la manera como las empresas Telefónica y Claro, entre los años 2007 y 2011, hicieron uso de esa tradición mercantilista - que consiste en utilizar la ley o generar normas para el beneficio privado de unos cuantos – para evitar el pago de gran parte del Canon Radio eléctrico, perjudicando al Estado con cerca de 460 millones de soles en cinco años, ratifica el modo en que la gestión de Alan García consolidó un régimen donde los poderes facticos se imponen en medio de la generación secreta o de extrema celeridad de decretos supremos que beneficiaron a grandes empresas dispuestas a no pagar los impuestos que realmente deberían pagar, con el objeto de maximizar sus ganancias. Prueba de ello es que en dicho periodo de cinco años, tanto las empresas Telefónica como Claro aumentaron sus ganancias en un 100%.
El informe de “IDL reporteros”, ocultado o minimizado por todos los medios de comunicación, incluido el diario La República, demuestra la manera en un personaje como Cayetana Aljovín, muy ligada a grupos mediáticos de poder, el ex – Ministro Cornejo y el propio Alan García jugaron un rol central en el proceso para generar el DS 043-2006 que hizo posible el incumplimiento de los pagos que por Canon Radio Eléctrico deberían hacer esas empresas al Estado, según el Decreto Supremo 027-2004-MTC. Escondiéndose en sofisticados tecnicismos, derogaron el decreto emitido el año 2004, que calculaba el canon en base al número de celulares vendidos. Se dispuso entonces un nuevo sistema de cálculo en base a una fórmula compleja y confusa que incluía variables como coeficiente de ancho de banda, coeficiente de área y número de canales. La complejidad tuvo, sin embargo, un simple resultado: pagos mucho menores.
Con el mencionado decreto no solo se perjudicó el Estado con 460 millones de soles de ingresos, sino se evitó que la telefonía llegue a 280 pueblos más pobres del Perú, tal como obligaba normas anteriores.
LA TRAMPA DE LA TEORÍA DE LAS “CUERDAS SEPARADAS”.
El comportamiento de éstas empresas multinacionales, simplemente confirma aquella otra renuencia de la Telefónica por evitar a como dé lugar el pago de la deuda de 2,300 millones de soles a la SUNAT, caso que actualmente se encuentra en litigio.
Esta actitud confirma que tan equivocado es el anuncio hecho por el Primer Ministro Valdés en el sentido que el trato a la Telefónica frente a una eventual prorroga de los contratos por 20 años más y el trato sobre la deuda a la SUNAT, deben correr por “cuerdas separadas”, cuando ese privilegio no tienen miles de empresas grandes, medianas o pequeñas o cualquier persona natural. Es como si se hiciera costumbre en el Estado que cualquier empresa pueda acceder a un contrato con un ministerio, gobierno regional o municipal aunque ésta tenga deudas y juicios con las mismas y pueda ejercer el derecho a ganar una licitación por más morosa que sea y en el mismo giro que se pretende contratar. El principio general debería ser que en cualquier entidad del Estado, cuando una persona natural o jurídica concursa para una plaza o para un contrato, las bases administrativas deben establecer que éstas no pueden ni siquiera presentarse a un concurso si tienen un juicio con la entidad que convoca el concurso. Con ello se lograría no solo un respeto al Estado, disminuir la corrupción, sino una competencia sana entre las empresas.
El problema es que en el Perú, con una extremada tradición mercantilista, lobbista y una economía de mercado con altos niveles de concentración, la Telefónica puede darse el gusto de tener a ministros que hacen uso de esta “teoría de las cuerdas separadas” y que no es otra cosa que la justificación previa para renovarle el contrato.
Más aún, a los gobernantes y a cierta tecnocracia no solo les interesa proseguir con esta tradición, sino mantener muy difusa y deficiente la Base de Datos con la cual calcular el Canon Radio Eléctrico, tal como lo muestra el Informe de “IDL Reporteros”. No es ninguna casualidad que en las dependencias correspondientes ni siquiera se sabe cuánto se le debe por canon y, según parece, realmente no tienen ninguna intención en saberlo. Las bases de datos del MTC o son un caos o son inservibles. Según reporta el informe periodístico ya en el año 2008 la auditora F. Iberico y Asociados advirtió en su informe que, “no existe base de datos que permita determinar el número de estaciones concedidas a los usuarios del espectro radioeléctrico y consecuentemente verificar la conformidad de los cálculos efectuados para determinar los importes del canon a pagar”. Y todo parece indicar que cuatro años después esa extrema deficiencia se mantiene.
Urge convocatoria a Licitación Internacional
Frente a esta situación el Congreso de la República tiene aquí una gran responsabilidad. No solo para investigar a los protagonistas que dieron lugar a ese nefasto Decreto Supremo 043-2006, sino para exigirle al Poder Ejecutivo que convoque a Licitación Internacional para el contrato por 20 años más por los rubros que la Telefónica ostentó desde el año 1992 y que el MTC realice todos los esfuerzos por tener una base de datos actualizada sobre el uso del espacio radio eléctrico
Sería ejemplar y con grandes réditos para el gobierno si el Perú da el ejemplo en América Latina en someter a Licitación Internacional el uso de su espacio radioeléctrico. Ganarán los usuarios porque en esta sana competencia los postores se verán obligados a presentar mejores ofertas y adecuarse a tecnología de punta. Ganará la economía social de mercado porque a los ojos de toda la nación no son los lobbies los que se imponen en los contratos en medio de la cultura del secreto. Ganarán las empresas porque la competencia las obliga a mejorar su gestión corporativa y tecnológica. Ganará el Congreso por cumplir su función fiscalizadora haciendo cumplir el artículo 61 de la Constitución.
Y sobre todo ganará el Presidente Ollanta Humala porque marcará una diferencia cualitativa con los gobiernos anteriores.
Saludos
Neptali Carpio
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